miércoles, 8 de diciembre de 2010

Dudas sobre reforma a la salud

Por: El Espectador Redacción Negocios

La Federación Médica Colombiana afirma que "quedaron en el aire" temas como la financiación del Fosyga y las deudas de las EPS. Gobierno admite que las cifras no son claras y hace un llamado para que los sectores se "sinceren".

“La reforma a la salud, que está promoviendo el Gobierno, es la reedición de la emergencia social que fue derrotada por la Corte Constitucional”. Así se refiere la Federación Médica Colombiana al proyecto de ley ordinaria propuesto por el Gobierno y aprobado el pasado jueves por las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara.

Aseguran que hay temas fundamentales que quedaron por fuera del debate. “La discusión se dio en el aire. No tenemos cifras. No sabemos con certeza cuánto les debe el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía) a las EPS y cuánto las EPS a las clínicas y hospitales. Por eso le preguntamos al Gobierno: ¿se puede discutir una ley ordinaria sin tener certeza de las cifras?”, dice Germán Fernández, vocero de asuntos gubernamentales de la entidad. Sobre el tema hablaron tres médicos, miembros de la entidad: Sergio Isaza, presidente; Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos, y Fernández.

¿Cuáles cifras no son claras?

Un ejemplo muy claro es el del Fosyga (a través de este Fondo el Estado gira los recursos a las EPS para cubrir los medicamentos y procedimientos que están fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS). La Ley 100 de 1993 establece que tanto los ciudadanos como el Gobierno deben dar un aporte para el régimen subsidiado de salud. Desde 1997 el Gobierno dejó de dar esos aportes. Por eso la pregunta para la Nación es: ¿cuánto le deben al Fosyga?

¿Ustedes creen que esa fue una de las causas que contribuyeron a la desfinanciación de este Fondo?

Eso, sumado a otro problema muy grave. Las EPS, los laboratorios y otros intermediarios empezaron a recobrar medicamentos que tenían la obligación de dar a través del POS, como si fueran No POS. Y lo hacían por dos, cinco o diez veces más de su valor original. El Fosyga se convirtió en un fondo sin cuidador, en una cuenta en la que todo el mundo ordeñaba. El Fosyga no se desfinanció, lo saquearon, que es distinto.

¿En qué otro tema hay dudas?

Tenemos información de que las EPS públicas y privadas tienen una deuda con el sistema por $5 billones. Eso ha provocado que la red pública y privada (a quienes les deben el monto) no tengan cómo funcionar. Se están cerrando servicios hospitalarios y suspendiendo medicamentos a pacientes porque no hay con qué pagarlos. La situación es absolutamente crítica en todos los hospitales.

¿Y qué propone la reforma para superar esta situación?

Absolutamente nada. En este momento hay varias EPS que están en causal legal de disolución, sencillamente porque deben mucho más de lo que tienen como patrimonio. El Gobierno está en la obligación de intervenirlas para proteger los recursos que manejan, porque son públicos.

¿Y qué contempla el proyecto de ley para refinanciar al Fosyga?

En lugar de tapar las venas rotas, de recuperar los dineros que se pagaron de manera irregular, decidieron que había que financiarlo por otro lado y empezaron a ponerles impuestos a los cigarrillos y al licor, y ahora aprobaron que los beneficiarios de las cajas de compensación tienen que dar un aporte adicional para el Fosyga. ¿Quiénes son los que se benefician de las cajas de compensación? Muy sencillo, los trabajadores que ganan de uno a cuatro salarios mínimos.

¿Cómo se puede regular la venta de medicamentos?

Hay graves deficiencias técnicas. En Colombia no existe ni un solo medicamento con control directo. Hay un solo producto en libertad regulada (usted pone los precios bajo unos parámetros) y hay mil productos con seudorregulación. No hay voluntad de volver al régimen de control. Se ha hecho de todo menos cortarles las uñas a los intermediarios, las EPS y los laboratorios. Debería existir un sistema razonable, de fijación de precios internacionales.

“El tema de las cifras hay que aclararlo”

Javier Gamboa, viceministro técnico de la Protección Social, fue enfático al asegurar que el principal problema en la discusión pública de la reforma a la salud es la falta de claridad en las cifras. “A mí me está empezando a preocupar el lenguaje. Esto hay que aclararlo, vamos a tener que sincerarnos. No necesariamente cualquier cuenta por cobrar es una deuda: una cosa es una cuenta presentada y otra una cuenta reconocida. Por ejemplo con el Fosyga, una EPS puede solicitarle el pago de un evento No POS, pero el Fosyga después de una auditoría médica considera que sí está cubierto por el POS y decide no pagarle. Para la EPS ese monto sigue en sus cuentas por cobrar, para el Fosyga la deuda no existe”.

Asegura que la cifra de $5 billones que le adeudan las EPS al sistema de salud según la Federación Médica Colombiana, no está en sus cuentas. Reitera que esta reforma plantea soluciones para agilizar el flujo de recursos. “Los problemas más graves del sistema son el flujo de dineros, de liquidez, de trámites. La idea de la reforma, aparte de conseguir nuevas fuentes, es hacer cosas importantes para agilizar los recursos. Un ejemplo: los giros del régimen subsidiado a la EPS van a ser directos, sin intermediarios. Ese tipo de medidas va a permitir que la plata no dé tantos vericuetos, que es lo que se presta para corrupción e ineficiencia”.

Dice además que los recursos de la red hospitalaria —que generaron protestas esta semana porque se habló de que se disminuirían— no se van a tocar. Al contrario, “se van a fortalecer y se van a proporcionar nuevos recursos para generar mayor capacidad de gestión, para que se fortalezcan tecnológicamente, para que se promueve un saneamiento financiero de la red”.

Sobre el tema del Fosyga y de la deuda que según la Federación Médica el Gobierno tiene con éste desde hace 13 años, respondió que es competencia del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, atinó a decir que ha sido una discusión histórica, que hay diversas opiniones al respecto. “Minhacienda dice que no hay deuda. De 1996 a 2006 sigue habiendo dudas sin resolver. Desde 2007 es clarísimo que la Nación ha girado los recursos, incluso más de lo estipulado por la Ley 112 de ese año. El Gobierno ha girado $2,1 billones cuando el requisito era $1,2 billones”.

Finalmente insistió en que hay personas que siguen pensando que “el modelo debería ser distinto, como el que teníamos hace 120 años. Creemos que hay que hacer todas estas reformas para hacer un sistema mejor”.

La salud, sin la estrella de Santos

· dl

· DIARIO EL TIEMPO Opinión Columnistas

Por: Por Fernando Galindo G. | D.D.S. | 01 de Diciembre del 2010

Por Fernando Galindo G., D.D.S.,M.S.

El ex ministro Palacio logró, sin proponérselo, que el sector se congregara en la defensa de los principios perennes que han caracterizado el ejercicio de las ciencias de la salud.

Resulta desconcertante que los aciertos que han iluminado el inicio de la administración del presidente Santos no se repitan en el tema de la salud. La designación del economista Mauricio Santamaría en Protección Social fue inicialmente muy bien recibida. Pero ya afronta una aguda controversia con los profesionales de la salud, decepcionados por no vislumbrar en el sector la innovación y el cambio de rumbo que se esperaban, estos sí ocurridos a las 48 horas de la posesión del Presidente, con las relaciones internacionales y con el tratamiento dado a las altas cortes del Poder Judicial.

El ex ministro Palacio logró, sin proponérselo, que el sector se congregara en la defensa de los principios perennes que han caracterizado el ejercicio de las ciencias de la salud. La caída de los decretos de la emergencia social no solo significó el acta de defunción del sistema creado por la Ley 100, sino la coyuntura para que las entidades profesionales se comprometieran en la defensa de la autonomía médica y de los derechos de los pacientes, vulnerados en los tales decretos, dizque para aminorar el gasto en salud.

Los escándalos sobre las contrataciones millonarias para redactar los decretos de la emergencia social marcaron la campaña presidencial y fue precisamente el Ministro del Interior quien mencionó otra cuantiosa suma, cercana a los 150 millones de dólares, prestada por el BID, para apoyar la reforma de la Ley 100.

Tanto el proyecto de ley estatutaria como los de ley ordinaria que se tramitan en el Congreso están signados por el fardo de la emergencia social, otra triste herencia del pasado gobierno. El ministro Santamaría, en artículo para este diario (21-11-10), menciona que la reforma que impulsa el Gobierno debe solucionar "problemas estructurales", pero en el desarrollo de la tesis mantiene el modelo económico de la Ley 100, caracterizado por el poder dominante y lucrativo de los intermediarios, sin cuestionarse a dónde han ido a parar los recursos percibidos por ellos en los últimos 16 años.

Por consiguiente, los proyectos en discusión siguen anegados, sin imaginación, maquillando a un sistema que está fracasado. De hecho, el proyecto de ley estatutaria define en el artículo 1o. que "esta ley regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud...". Si la regulación de los derechos es parcial, terminará siendo otro esfuerzo gubernamental y legislativo inútil, para rematar en la declaratoria de otra emergencia social, más temprano que tarde.

La Constitución de 1991, en su Título II, de los Derechos, Garantías y Deberes, y en su Capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 48 y 49, incluye los derechos a la seguridad social y a la atención en salud, como servicios públicos, el primero bajo la dirección del Estado y el segundo, a su cargo. Cualquier reforma estructural se fundamenta en que el Estado recupere la dirección central de la salud de los colombianos, eliminando el ánimo de lucro en la administración de los recursos que los ciudadanos aportamos a través de los recaudos parafiscales. Este es el eje fundamental que defienden las profesiones de la salud, al comprobar, mediante investigaciones epidemiológicas, que la salud pública se ha deteriorado a partir de la vigencia de la Ley 100. El mito de la cobertura, medido por la carnetización, quedó desvirtuado.

Si el presidente Santos persiste en mantener el Ministerio de la Protección Social y abandona la propuesta inicial de independizar nuevamente el de Salud, es decisión que debe ser acatada por todos los sectores sociales. En tal caso, el de la Protección Social funge como rector del sistema de salud en representación del Estado, y esa es la obligación del ministro Santamaría. Así lo ordena la Constitución.

lunes, 15 de noviembre de 2010

LA SALUD MENTAL DE LOS COLOMBIANOS, EN CRISIS

Dos de cada cinco colombianos han sufrido alguna vez en su vida de un trastorno mental, según el último Estudio Nacional de Salud Mental. Solamente el 23% recibe tratamiento. El resto ha tenido que aprender a convivir con la depresión, los cambios de personalidad, la ansiedad, los ataques de pánico y las alucinaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene calculado que para un país con el nivel de desarrollo como el de Colombia se requieren tres dólares per cápita para ofrecer los mínimos de atención en esta área a toda la población.

viernes, 12 de noviembre de 2010

LOS HOSPITALES PÚBLICOS NO DAN MAS

Editoriales El Tiempo – Noviembre 12 de 2010

Lo que faltaba: la situación financiera de la mitad de los 22 hospitales públicos de Bogotá empieza a preocupar. Cuesta creer que algunos arrastren carteras multimillonarias, pese a que el capitalino es el sistema de salud mejor librado de todo el país.


Lo que ocurre con estas instituciones, a las que EPS del régimen subsidiado, entes territoriales y hasta usuarios les deben 512.533 millones de pesos, no es sino el reflejo pálido de lo que está pasando con los cerca de 1.100 centros asistenciales públicos de Colombia. Bajo el actual modelo, la mayoría son prácticamente inviables y no pocos han tenido que cerrar sus puertas.


La situación no puede ser otra si la cartera con ellos a nivel nacional ascendía, a 30 de septiembre pasado, a 3,5 billones de pesos. Lo grave del asunto es que, pese a que no les pagan, están en la obligación de seguir funcionando, literalmente, al debe. Las fórmulas a las que ha sido sometida la red pública para salvarla, que incluyen reestructuraciones y refinanciaciones, no han sido más que paños de agua tibia frente a problemas que se agudizaron con la expedición de la Ley 1122 del 2007.

Hasta ese año, el dinero que se destinaba a atender a los colombianos que no estaban cubiertos por el sistema de salud era entregado a los hospitales, que debían soportar sus gastos con servicios prestados a estas personas.

Con la 1122 empezaron a reducirse dichos recursos y a trasladarse al régimen subsidiado, pues se partió de la premisa de que tal población iba a ser afiliada a las EPS de ese régimen, que contratarían con los hospitales su atención. Esto, sin embargo, no ocurrió. No solo no se produjo la afiliación como se esperaba, sino que las EPS, violando lo ordenado por la ley, contratan poco con la red pública los servicios para los que sí se afiliaron. Mientras tanto, las instituciones hospitalarias se ven obligadas a seguir atendiendo a la gente que está por fuera del sistema de salud, lo que generó una multimillonaria cartera de difícil recaudo.


Hay que sumar el hecho de que la subsistencia de los hospitales públicos de baja complejidad, que son la mayoría, depende de la operación del régimen subsidiado, en cabeza de los 1.032 municipios del país. Y agregar que, a 30 de octubre pasado, solo 72 de ellos habían recibido del sistema de salud los recursos para financiar dicho régimen durante octubre y noviembre. Es más, hasta la misma fecha, a cerca de 430 municipios no les habían llegado los dineros de agosto y septiembre, lo que los convirtió en deudores de los hospitales.

Ni qué hablar de las EPS. Caprecom, por ejemplo, afilia a usuarios al subsidiado en muchos municipios, los que contratan a la EPS, y esta, a su vez, a los hospitales públicos. Lo que Caprecom les debe a estos últimos es mucho más de lo que los municipios le adeudan a la EPS.


Al final, los hospitales pagan los platos rotos. Es claro que en esta dinámica perversa, ninguno es viable y que la solución no es la errática liquidación a ultranza de la red pública para entregarla al mejor postor.


Nadie desconoce que algunas de estas entidades han sido presa de la corrupción, la politiquería y la mala administración en algunas regiones, pero hasta la solución de dichos problemas exige análisis profundos y la definición de una política clara en tal sentido, que empieza por subsanar las deudas con los centros asistenciales y garantizar que reciban a tiempo el pago por los servicios que prestan. No se requiere más.


La reforma del sistema de salud, que hoy se discute, debe abrir un capítulo especial a este problema, pues de la viabilidad de los hospitales depende la calidad de la atención que reciben millones de personas.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

FALTA DE PAGO DE ENTIDADES AFECTA A HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Por: Redacción eltiempo.com | 3:59 a.m. | 02 de Noviembre del 2010

Más de 33.000 millones de pesos le adeudan Entidades Prestadoras de Salud (Eps).

Al Hospital le deben la antigua Calisalud unos $ 25.000 millones, Selva Salud le adeuda otros $ 6.000 millones y Cóndor está pendiente con $ 2.000.

La directora del Hospital Universitario del Valle HUV, María Lucero Urriago, presentó ese cuadro ante las comisiones conjuntas de Plan y Presupuesto de la Asamblea del Valle.

El diputado Fernando Forero Cruz mostró preocupación por el gasto en recursos de personal del HUV. En el 2010 el Evaristo García cuenta con 1.440 personas en planta de cargos y 1.247 por contrato.

En materia financiera el Hospital mostró un comparativo de ingresos ejecutados as: $ 233.901 millones (2008), $ 275.595 (2009) y $ 219.649 (a Septiembre 2010). A Diciembre próximo se prevé que la ejecución llegue a $ 227.101, mientras que el Presupuesto 2011 fue proyectado en $ 229.127 millones de pesos.
Con respecto al POAI 2011 con recursos de Estampilla Pro Hospitales, se contemplan inversiones por $ 21.946 millones distribuidos en Pasivo Pensional ($ 4.389), Inversión y mantenimiento de la planta física ($ 4.213), Compra y mantenimiento de equipos ($ 6.320), Personal especializado ($ 3.511) e Insumos ($ 3.511 millones).

Este año el Universitario Evaristo García ha prestado los siguientes servicios: Consultas de medicina general urgentes 43.552, Consultas de medicina especializada 78.706, Partos vaginales 3.365, Partos por cesárea 1.457, Total egresos 33.105, Total cirugías realizadas 21.164, Imágenes diagnósticas 84.082, Exámenes de laboratorio clínico 641.452 y Terapias 74.066.

Por su parte, el Hospital Universitario Psiquiátrico ha dejado de percibir $ 3.000 millones por venta de servicios a las EPS contributivas. Así lo informó su director, Alejandro Solo Nieto.
Ese Hospital disminuirá en -17% el Presupuesto para el 2011.

Mientras este año se aforaron $ 28.658 millones, el próximo fue proyectado en $ 23.888. Esta institución contar el 2011 con $ 3.798 millones (15%) de los $ 26.523 millones que se espera recaudar de la Estampilla Pro Hospitales.

martes, 9 de noviembre de 2010

EMSA_ILADIBA_SALUDHOY_EDITORIAL_PRÁCTICAS PERVERSAS DE MERCADEO

Editorial

Prácticas perversas de mercadeo que deben erradicarse

La lectura de un artículo publicado en el New York Times el 3 de Noviembre sirvió para recordarnos que en nuestra región siguen prevaleciendo prácticas corruptas de mercadeo de los medicamentos (y con seguridad de equipos e insumos) que encarecen los productos, perjudican a los pacientes y enturbian a la sociedad.

La nota del periódico de mayor prestigio mundial alude a los pagos que hace Genentech (filial de Roche) a algunos oftalmólogos para que prescriban Lucentis® cuyo componente es bevacizumab el mismo de Avastin®, con la diferencia que para tratamiento de degeneración macular de la retina el costo de una inyección de Lucentis® es de 2000 dólares y el costo de Avastin® para la misma indicación oscila entre 20 y 50 dólares.

Al médico participante en el programa le abonan a su cuenta un descuento por prescribir el producto más costoso, en preferencia del similar más económico. Si ello no es soborno, “mordida” o “serrucho” qué es?

El laboratorio productor de Lucentis® expresó en un comunicado que la práctica de los descuentos o devoluciones es estándar en la industria y contribuye a rebajar los costos para hospitales, farmacias y médicos. Y para quien verdaderamente cuenta, el paciente, cuál es el beneficio?

Evidentemente el argumento es falaz e inapropiado, excepto en la afirmación de que se trata de una práctica estándar.

En efecto, en todas nuestras farmacias y distribuidores, es conocido que el médico que prescriba un determinado producto de marca recibe “puntos” destinados a calcular el pago de algún beneficio (becas, viajes, computadores u otros) para el médico.

Como la mayoría de las compras en las farmacias se pagan del bolsillo del paciente, la realidad es que el paciente le está pagando al médico una parte del coste del medicamento.

Los costos de los medicamentos tienen que disminuir y para ello hay que utilizar una variedad de medidas como control de precios, importaciones paralelas y prescripción por el componente genérico y no por la marca.

De la misma manera deben erradicarse prácticas perversas como la mencionada. Las organizaciones médicas gremiales o científicas deben pronunciarse y condenar esas prácticas.

El farmaceuta tampoco debe participar y por el contrario debe estar legalmente obligado a ofrecerle al paciente todas las opciones que haya de un determinado compuesto, partiendo del nombre genérico.

Ni el médico, ni el farmaceuta, deben sugerir y menor exigir o imponer una marca que siempre es más costosa (hasta 20 veces más en muchos casos), sin que haya evidencia de superioridad.

Recordemos que muchísimos pacientes a duras penas pueden comprar el genérico barato. Si les toca gastar más simplemente no se tratan, la enfermedad progresa y se complica y eventualmente mueren. Nuestro juramento hipocrático nos obliga a proteger al paciente.

Jorge E. Maldonado MD, PhD, FACP

Editor-Jefe Publicaciones ILADIBA

Profesor Titular de Medicina Mayo Clinic College of Medicine (1976)

jueves, 30 de septiembre de 2010

CULPABLE

Muchas veces dedicamos más tiempo y esfuerzo a buscar a quien echarle la culpa, que a buscar la solución más adecuada, dentro de nosotros mismos. Somos directamente responsables de todo lo que pasa en nuestra vida, por exceso o por defecto. Seamos más responsables con nuestra vida, busquemos las soluciones en nosotros mismos; buscar a quien echarle la culpa no soluciona nada

domingo, 12 de septiembre de 2010

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Cuales son los principales mecanismo de participación ciudadana, definidos en la Constitución Política de 1991, artículo 103?

1. El Voto
2. Plebiscito
3. Referendo
4. Consulta Popular
5. Cabildo Abierto
6. Iniciativa Legislativa
7. Revocatoria del Mandato

domingo, 29 de agosto de 2010

I CONGRESO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD EN SALUD


Ha terminado el Primer Congreso Departamental de Calidad en Salud, evento realizado en el Auditorio La Casa del Educador. Asistieron importantes conferencistas con dominio en temas de calidad,acreditación en salud, seguridad en pacientes, investigación y legislación.
Un especial reconocimiento al Hospital de Yopal ESE, empresa promotora del evento y a todo su grupo de Talento Humano, que de manera organizada, participativa y muy profesional dieron la mejor atención a invitados y asistentes.
Muchas Felicitaciones

domingo, 8 de agosto de 2010

MINPROTECCION

El Ministro Palacio resaltó en sus cuentas que “en este gobierno se alcanzó la universalización. Hoy no hay razones para que ningún colombiano sin recursos no esté asegurado”, dijo. Su balance dice que mientras en el 2002 había 25 millones de personas aseguradas, actualmente hay 41 millones, y tres millones de cupos disponibles.

sábado, 7 de agosto de 2010

MAS COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes.

2. Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.

3. Promover planes en salud para su inclusión en los planes y programas nacionales.

4. Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las personas declaradas por vía judicial como inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, con los recursos nacionales de destinación específica que para tal efecto transfiera la Nación.

sábado, 31 de julio de 2010

ALGUNAS COMPETENCIAS EN SALUD DEL DEPARTAMENTO



1. Adoptar e implantar planes, programas y proyectos del sector salud y del SGSSS.
2. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud, en su jurisdicción.
3. Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con destinación específica para salud, y administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud.
4. Adoptar, implementar, administrar el sistema de información en salud.

jueves, 29 de julio de 2010

domingo, 25 de julio de 2010

¿NUESTRA TIERRA?

"No hemos heredado la tierra de nuestros antepasados. La tenemos prestada de nuestros hijos"

domingo, 18 de julio de 2010

LO NUESTRO

Por esto es que debemos luchar. Por esto es que debemos trabajar. Por la grandeza que Dios nos dio, de estas hermosas tierras.
La grandeza de los llanos, su historia, la valentía de nuestros antepasados, son herencia que no debemos dejar despilfarrar. Siéntate orgulloso de ser parte de esta tierra, pero también siente la responsabilidad para contigo y todos los que junto a ti están.

jueves, 15 de julio de 2010

Veedurías Ciudadanas en Salud

Existen organizaciones de usuarios conformadas en veedurías ciudadanas. Sin embargo el impacto que estas tienen en el efectivo resultado de impacto, en las atenciones en salud no ha sido el esperado. Presenta debilidades que deben ser motivo de evaluación y organización.