La salud, sin la estrella de Santos

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· DIARIO EL TIEMPO Opinión Columnistas

Por: Por Fernando Galindo G. | D.D.S. | 01 de Diciembre del 2010

Por Fernando Galindo G., D.D.S.,M.S.

El ex ministro Palacio logró, sin proponérselo, que el sector se congregara en la defensa de los principios perennes que han caracterizado el ejercicio de las ciencias de la salud.

Resulta desconcertante que los aciertos que han iluminado el inicio de la administración del presidente Santos no se repitan en el tema de la salud. La designación del economista Mauricio Santamaría en Protección Social fue inicialmente muy bien recibida. Pero ya afronta una aguda controversia con los profesionales de la salud, decepcionados por no vislumbrar en el sector la innovación y el cambio de rumbo que se esperaban, estos sí ocurridos a las 48 horas de la posesión del Presidente, con las relaciones internacionales y con el tratamiento dado a las altas cortes del Poder Judicial.

El ex ministro Palacio logró, sin proponérselo, que el sector se congregara en la defensa de los principios perennes que han caracterizado el ejercicio de las ciencias de la salud. La caída de los decretos de la emergencia social no solo significó el acta de defunción del sistema creado por la Ley 100, sino la coyuntura para que las entidades profesionales se comprometieran en la defensa de la autonomía médica y de los derechos de los pacientes, vulnerados en los tales decretos, dizque para aminorar el gasto en salud.

Los escándalos sobre las contrataciones millonarias para redactar los decretos de la emergencia social marcaron la campaña presidencial y fue precisamente el Ministro del Interior quien mencionó otra cuantiosa suma, cercana a los 150 millones de dólares, prestada por el BID, para apoyar la reforma de la Ley 100.

Tanto el proyecto de ley estatutaria como los de ley ordinaria que se tramitan en el Congreso están signados por el fardo de la emergencia social, otra triste herencia del pasado gobierno. El ministro Santamaría, en artículo para este diario (21-11-10), menciona que la reforma que impulsa el Gobierno debe solucionar "problemas estructurales", pero en el desarrollo de la tesis mantiene el modelo económico de la Ley 100, caracterizado por el poder dominante y lucrativo de los intermediarios, sin cuestionarse a dónde han ido a parar los recursos percibidos por ellos en los últimos 16 años.

Por consiguiente, los proyectos en discusión siguen anegados, sin imaginación, maquillando a un sistema que está fracasado. De hecho, el proyecto de ley estatutaria define en el artículo 1o. que "esta ley regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud...". Si la regulación de los derechos es parcial, terminará siendo otro esfuerzo gubernamental y legislativo inútil, para rematar en la declaratoria de otra emergencia social, más temprano que tarde.

La Constitución de 1991, en su Título II, de los Derechos, Garantías y Deberes, y en su Capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 48 y 49, incluye los derechos a la seguridad social y a la atención en salud, como servicios públicos, el primero bajo la dirección del Estado y el segundo, a su cargo. Cualquier reforma estructural se fundamenta en que el Estado recupere la dirección central de la salud de los colombianos, eliminando el ánimo de lucro en la administración de los recursos que los ciudadanos aportamos a través de los recaudos parafiscales. Este es el eje fundamental que defienden las profesiones de la salud, al comprobar, mediante investigaciones epidemiológicas, que la salud pública se ha deteriorado a partir de la vigencia de la Ley 100. El mito de la cobertura, medido por la carnetización, quedó desvirtuado.

Si el presidente Santos persiste en mantener el Ministerio de la Protección Social y abandona la propuesta inicial de independizar nuevamente el de Salud, es decisión que debe ser acatada por todos los sectores sociales. En tal caso, el de la Protección Social funge como rector del sistema de salud en representación del Estado, y esa es la obligación del ministro Santamaría. Así lo ordena la Constitución.