Editoriales El Tiempo – Noviembre 12 de 2010
Lo que faltaba: la situación financiera de la mitad de los 22 hospitales públicos de Bogotá empieza a preocupar. Cuesta creer que algunos arrastren carteras multimillonarias, pese a que el capitalino es el sistema de salud mejor librado de todo el país.
Lo que ocurre con estas instituciones, a las que EPS del régimen subsidiado, entes territoriales y hasta usuarios les deben 512.533 millones de pesos, no es sino el reflejo pálido de lo que está pasando con los cerca de 1.100 centros asistenciales públicos de Colombia. Bajo el actual modelo, la mayoría son prácticamente inviables y no pocos han tenido que cerrar sus puertas.
La situación no puede ser otra si la cartera con ellos a nivel nacional ascendía, a 30 de septiembre pasado, a 3,5 billones de pesos. Lo grave del asunto es que, pese a que no les pagan, están en la obligación de seguir funcionando, literalmente, al debe. Las fórmulas a las que ha sido sometida la red pública para salvarla, que incluyen reestructuraciones y refinanciaciones, no han sido más que paños de agua tibia frente a problemas que se agudizaron con la expedición de la Ley 1122 del 2007.
Hasta ese año, el dinero que se destinaba a atender a los colombianos que no estaban cubiertos por el sistema de salud era entregado a los hospitales, que debían soportar sus gastos con servicios prestados a estas personas.
Con la 1122 empezaron a reducirse dichos recursos y a trasladarse al régimen subsidiado, pues se partió de la premisa de que tal población iba a ser afiliada a las EPS de ese régimen, que contratarían con los hospitales su atención. Esto, sin embargo, no ocurrió. No solo no se produjo la afiliación como se esperaba, sino que las EPS, violando lo ordenado por la ley, contratan poco con la red pública los servicios para los que sí se afiliaron. Mientras tanto, las instituciones hospitalarias se ven obligadas a seguir atendiendo a la gente que está por fuera del sistema de salud, lo que generó una multimillonaria cartera de difícil recaudo.
Hay que sumar el hecho de que la subsistencia de los hospitales públicos de baja complejidad, que son la mayoría, depende de la operación del régimen subsidiado, en cabeza de los 1.032 municipios del país. Y agregar que, a 30 de octubre pasado, solo 72 de ellos habían recibido del sistema de salud los recursos para financiar dicho régimen durante octubre y noviembre. Es más, hasta la misma fecha, a cerca de 430 municipios no les habían llegado los dineros de agosto y septiembre, lo que los convirtió en deudores de los hospitales.
Ni qué hablar de las EPS. Caprecom, por ejemplo, afilia a usuarios al subsidiado en muchos municipios, los que contratan a la EPS, y esta, a su vez, a los hospitales públicos. Lo que Caprecom les debe a estos últimos es mucho más de lo que los municipios le adeudan a la EPS.
Al final, los hospitales pagan los platos rotos. Es claro que en esta dinámica perversa, ninguno es viable y que la solución no es la errática liquidación a ultranza de la red pública para entregarla al mejor postor.
Nadie desconoce que algunas de estas entidades han sido presa de la corrupción, la politiquería y la mala administración en algunas regiones, pero hasta la solución de dichos problemas exige análisis profundos y la definición de una política clara en tal sentido, que empieza por subsanar las deudas con los centros asistenciales y garantizar que reciban a tiempo el pago por los servicios que prestan. No se requiere más.
La reforma del sistema de salud, que hoy se discute, debe abrir un capítulo especial a este problema, pues de la viabilidad de los hospitales depende la calidad de la atención que reciben millones de personas.
