miércoles, 8 de diciembre de 2010

Dudas sobre reforma a la salud

Por: El Espectador Redacción Negocios

La Federación Médica Colombiana afirma que "quedaron en el aire" temas como la financiación del Fosyga y las deudas de las EPS. Gobierno admite que las cifras no son claras y hace un llamado para que los sectores se "sinceren".

“La reforma a la salud, que está promoviendo el Gobierno, es la reedición de la emergencia social que fue derrotada por la Corte Constitucional”. Así se refiere la Federación Médica Colombiana al proyecto de ley ordinaria propuesto por el Gobierno y aprobado el pasado jueves por las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara.

Aseguran que hay temas fundamentales que quedaron por fuera del debate. “La discusión se dio en el aire. No tenemos cifras. No sabemos con certeza cuánto les debe el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía) a las EPS y cuánto las EPS a las clínicas y hospitales. Por eso le preguntamos al Gobierno: ¿se puede discutir una ley ordinaria sin tener certeza de las cifras?”, dice Germán Fernández, vocero de asuntos gubernamentales de la entidad. Sobre el tema hablaron tres médicos, miembros de la entidad: Sergio Isaza, presidente; Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos, y Fernández.

¿Cuáles cifras no son claras?

Un ejemplo muy claro es el del Fosyga (a través de este Fondo el Estado gira los recursos a las EPS para cubrir los medicamentos y procedimientos que están fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS). La Ley 100 de 1993 establece que tanto los ciudadanos como el Gobierno deben dar un aporte para el régimen subsidiado de salud. Desde 1997 el Gobierno dejó de dar esos aportes. Por eso la pregunta para la Nación es: ¿cuánto le deben al Fosyga?

¿Ustedes creen que esa fue una de las causas que contribuyeron a la desfinanciación de este Fondo?

Eso, sumado a otro problema muy grave. Las EPS, los laboratorios y otros intermediarios empezaron a recobrar medicamentos que tenían la obligación de dar a través del POS, como si fueran No POS. Y lo hacían por dos, cinco o diez veces más de su valor original. El Fosyga se convirtió en un fondo sin cuidador, en una cuenta en la que todo el mundo ordeñaba. El Fosyga no se desfinanció, lo saquearon, que es distinto.

¿En qué otro tema hay dudas?

Tenemos información de que las EPS públicas y privadas tienen una deuda con el sistema por $5 billones. Eso ha provocado que la red pública y privada (a quienes les deben el monto) no tengan cómo funcionar. Se están cerrando servicios hospitalarios y suspendiendo medicamentos a pacientes porque no hay con qué pagarlos. La situación es absolutamente crítica en todos los hospitales.

¿Y qué propone la reforma para superar esta situación?

Absolutamente nada. En este momento hay varias EPS que están en causal legal de disolución, sencillamente porque deben mucho más de lo que tienen como patrimonio. El Gobierno está en la obligación de intervenirlas para proteger los recursos que manejan, porque son públicos.

¿Y qué contempla el proyecto de ley para refinanciar al Fosyga?

En lugar de tapar las venas rotas, de recuperar los dineros que se pagaron de manera irregular, decidieron que había que financiarlo por otro lado y empezaron a ponerles impuestos a los cigarrillos y al licor, y ahora aprobaron que los beneficiarios de las cajas de compensación tienen que dar un aporte adicional para el Fosyga. ¿Quiénes son los que se benefician de las cajas de compensación? Muy sencillo, los trabajadores que ganan de uno a cuatro salarios mínimos.

¿Cómo se puede regular la venta de medicamentos?

Hay graves deficiencias técnicas. En Colombia no existe ni un solo medicamento con control directo. Hay un solo producto en libertad regulada (usted pone los precios bajo unos parámetros) y hay mil productos con seudorregulación. No hay voluntad de volver al régimen de control. Se ha hecho de todo menos cortarles las uñas a los intermediarios, las EPS y los laboratorios. Debería existir un sistema razonable, de fijación de precios internacionales.

“El tema de las cifras hay que aclararlo”

Javier Gamboa, viceministro técnico de la Protección Social, fue enfático al asegurar que el principal problema en la discusión pública de la reforma a la salud es la falta de claridad en las cifras. “A mí me está empezando a preocupar el lenguaje. Esto hay que aclararlo, vamos a tener que sincerarnos. No necesariamente cualquier cuenta por cobrar es una deuda: una cosa es una cuenta presentada y otra una cuenta reconocida. Por ejemplo con el Fosyga, una EPS puede solicitarle el pago de un evento No POS, pero el Fosyga después de una auditoría médica considera que sí está cubierto por el POS y decide no pagarle. Para la EPS ese monto sigue en sus cuentas por cobrar, para el Fosyga la deuda no existe”.

Asegura que la cifra de $5 billones que le adeudan las EPS al sistema de salud según la Federación Médica Colombiana, no está en sus cuentas. Reitera que esta reforma plantea soluciones para agilizar el flujo de recursos. “Los problemas más graves del sistema son el flujo de dineros, de liquidez, de trámites. La idea de la reforma, aparte de conseguir nuevas fuentes, es hacer cosas importantes para agilizar los recursos. Un ejemplo: los giros del régimen subsidiado a la EPS van a ser directos, sin intermediarios. Ese tipo de medidas va a permitir que la plata no dé tantos vericuetos, que es lo que se presta para corrupción e ineficiencia”.

Dice además que los recursos de la red hospitalaria —que generaron protestas esta semana porque se habló de que se disminuirían— no se van a tocar. Al contrario, “se van a fortalecer y se van a proporcionar nuevos recursos para generar mayor capacidad de gestión, para que se fortalezcan tecnológicamente, para que se promueve un saneamiento financiero de la red”.

Sobre el tema del Fosyga y de la deuda que según la Federación Médica el Gobierno tiene con éste desde hace 13 años, respondió que es competencia del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, atinó a decir que ha sido una discusión histórica, que hay diversas opiniones al respecto. “Minhacienda dice que no hay deuda. De 1996 a 2006 sigue habiendo dudas sin resolver. Desde 2007 es clarísimo que la Nación ha girado los recursos, incluso más de lo estipulado por la Ley 112 de ese año. El Gobierno ha girado $2,1 billones cuando el requisito era $1,2 billones”.

Finalmente insistió en que hay personas que siguen pensando que “el modelo debería ser distinto, como el que teníamos hace 120 años. Creemos que hay que hacer todas estas reformas para hacer un sistema mejor”.

La salud, sin la estrella de Santos

· dl

· DIARIO EL TIEMPO Opinión Columnistas

Por: Por Fernando Galindo G. | D.D.S. | 01 de Diciembre del 2010

Por Fernando Galindo G., D.D.S.,M.S.

El ex ministro Palacio logró, sin proponérselo, que el sector se congregara en la defensa de los principios perennes que han caracterizado el ejercicio de las ciencias de la salud.

Resulta desconcertante que los aciertos que han iluminado el inicio de la administración del presidente Santos no se repitan en el tema de la salud. La designación del economista Mauricio Santamaría en Protección Social fue inicialmente muy bien recibida. Pero ya afronta una aguda controversia con los profesionales de la salud, decepcionados por no vislumbrar en el sector la innovación y el cambio de rumbo que se esperaban, estos sí ocurridos a las 48 horas de la posesión del Presidente, con las relaciones internacionales y con el tratamiento dado a las altas cortes del Poder Judicial.

El ex ministro Palacio logró, sin proponérselo, que el sector se congregara en la defensa de los principios perennes que han caracterizado el ejercicio de las ciencias de la salud. La caída de los decretos de la emergencia social no solo significó el acta de defunción del sistema creado por la Ley 100, sino la coyuntura para que las entidades profesionales se comprometieran en la defensa de la autonomía médica y de los derechos de los pacientes, vulnerados en los tales decretos, dizque para aminorar el gasto en salud.

Los escándalos sobre las contrataciones millonarias para redactar los decretos de la emergencia social marcaron la campaña presidencial y fue precisamente el Ministro del Interior quien mencionó otra cuantiosa suma, cercana a los 150 millones de dólares, prestada por el BID, para apoyar la reforma de la Ley 100.

Tanto el proyecto de ley estatutaria como los de ley ordinaria que se tramitan en el Congreso están signados por el fardo de la emergencia social, otra triste herencia del pasado gobierno. El ministro Santamaría, en artículo para este diario (21-11-10), menciona que la reforma que impulsa el Gobierno debe solucionar "problemas estructurales", pero en el desarrollo de la tesis mantiene el modelo económico de la Ley 100, caracterizado por el poder dominante y lucrativo de los intermediarios, sin cuestionarse a dónde han ido a parar los recursos percibidos por ellos en los últimos 16 años.

Por consiguiente, los proyectos en discusión siguen anegados, sin imaginación, maquillando a un sistema que está fracasado. De hecho, el proyecto de ley estatutaria define en el artículo 1o. que "esta ley regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud...". Si la regulación de los derechos es parcial, terminará siendo otro esfuerzo gubernamental y legislativo inútil, para rematar en la declaratoria de otra emergencia social, más temprano que tarde.

La Constitución de 1991, en su Título II, de los Derechos, Garantías y Deberes, y en su Capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 48 y 49, incluye los derechos a la seguridad social y a la atención en salud, como servicios públicos, el primero bajo la dirección del Estado y el segundo, a su cargo. Cualquier reforma estructural se fundamenta en que el Estado recupere la dirección central de la salud de los colombianos, eliminando el ánimo de lucro en la administración de los recursos que los ciudadanos aportamos a través de los recaudos parafiscales. Este es el eje fundamental que defienden las profesiones de la salud, al comprobar, mediante investigaciones epidemiológicas, que la salud pública se ha deteriorado a partir de la vigencia de la Ley 100. El mito de la cobertura, medido por la carnetización, quedó desvirtuado.

Si el presidente Santos persiste en mantener el Ministerio de la Protección Social y abandona la propuesta inicial de independizar nuevamente el de Salud, es decisión que debe ser acatada por todos los sectores sociales. En tal caso, el de la Protección Social funge como rector del sistema de salud en representación del Estado, y esa es la obligación del ministro Santamaría. Así lo ordena la Constitución.